Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, su administración ha implementado políticas duras contra la inmigración. Al principio fue solo contra la inmigración ilegal, pero luego las medidas han tomado un camino distinto, castigando a emigrantes que llegaron legalmente a EE.UU., y que han estado trabajando, estudiando y respetando la ley.
Sin ser muy exhaustivo, mi criterio es que la política migratoria debería basarse casi exclusivamente en contratos voluntarios inviolables y leyes claras, no en programas temporales que pueden ser removidos a voluntad del gobernante de turno. Un sistema así permitiría equilibrar y respetar tanto los derechos de las personas de la nación receptora como de las personas y familias emigrantes. Creo que la política migratoria actual no promueve ese balance.
Esta política debería estar diseñada para facilitar un proceso de negociación e integración entre los nacionales y los extranjeros, llevado a cabo en las embajadas, de manera que permita un flujo ordenado de personas según las necesidades de la nación receptora y los intereses de los solicitantes. Los embajadores deberían recibir las solicitudes de visas de los extranjeros y consultarlas con los empleadores nacionales, o viceversa, y tramitar la aprobación de visas para suplir las necesidades de mano de obra de las compañías y negocios locales. En cuanto a los estudiantes, deportistas, artistas, científicos, empresarios, familiares etc., el proceso puede ser algo diferente, pero también usando un modelo contractual. Por cierto, ha existen programas muy exitosos de libre visado con excepciones para criminales entre varios países, incluyendo el ESTA y la zona Schengen, que aseguran el derecho de los nacionales y, a la vez, respetan la dignidad y permiten la movilidad de los emigrantes.
Como cubano, debo confesar que me decepciona profundamente la posición de Marco Rubio, Secretario de Estado, al apoyar explícitamente o guardar silencio cómplice ante las injusticias contra los derechos de los emigrantes, priorizando sus aspiraciones políticas personales, el favor del presidente Trump y el apoyo de las élites de su partido sobre lo que es correcto ante Dios y provechoso el bienestar de sus conciudadanos.
¿Necesitas ejemplos concretos? Aquí te los presento:
1. Fin del parole humanitario (CHNV): Más de 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron legalmente, pagando sus pasajes o con apoyo familiar, perdieron permisos de trabajo y enfrentan deportación desde abril de 2025. Rubio, parte de la administración, respalda esta medida como “control de migración masiva”, ignorando que el programa, aunque defectuoso, fue totalmente legal y por tanto los beneficiarios del parole no deberían llamarse “ilegales”, ser impedidos de trabajar ni ser expulsados en masa.
2. Revocación del TPS venezolano: Unos 350,000 venezolanos, muchos que huyeron de la tiranía de Maduro, perdieron protección contra deportación y empleos en abril de 2025, pese a la crisis en Venezuela. Rubio recomendó esta terminación en una carta interna, contradiciendo su apoyo previo al TPS cuando era senador.
3. Pausa en visas para camioneros y exámenes de inglés: Desde agosto de 2025, se detuvo la emisión de visas H-2B, E-2 y EB-3 para conductores extranjeros, negándoles una ventaja económica a los granjeros americanos que les contrataban, y eliminando las oportunidades a estos trabajadores perfectamente legales y calificados, que vienen a Estados Unidos a suplir la demanda de conductores, y que como personas, tienen derecho a trabajar para sostenerse. Rubio anunció esta pausa en X, citando riesgos viales.
En mi opinión, éstas medidas, aunque legales, son injustas, especialmente para quienes huyen de persecución política o religiosa y no buscan ningún beneficio federal más allá de que se les permita acceder al mercado laboral.
Ya el problema no es solo sobre entrar legalmente o no, o sobre el derecho de los emigrantes -sujetos con dignidad y derechos inalienables- a trabajar o emprender libremente en cualquier actividad legítima; sino que esto ya representa una flagrante violación al derecho de los mismos ciudadanos americanos a contratar libremente a los trabajadores que quieran (sin importar su nacionalidad) y a pagarle el salario que libremente acuerden. Muchos granjeros y compañías americanas reducen sus costes de producción y aumentan su competitividad al contratar conductores extranjeros para mover sus mercancías hacia los puertos o mercados.
Como cristiano, me preocupa ver la injusticia, venga de donde venga, y creo que las políticas recientes han estado violando el principio bíblico de Levítico 19:33-34: “Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios.”
Además, políticas como éstas no están acordes con el espíritu de la Declaración de Independencia, ni con la herencia de los padres fundadores americanos, pues le niega sus derechos naturales y libertades básicas a personas basadas en su origen, no en sus cualidades o conductas.
El presidente Trump y los republicanos deberían buscar una reconciliación y asimilación entre la comunidad emigrante y la comunidad americana, no exacerbar las diferencias. Marco Rubio, católico confeso y que también tiene origen emigrante, debería más que nadie defender un sistema basado en justicia bíblica (Éxodo 22:21: “No maltratarás al extranjero”) y el derecho americano.
¿Qué opinas tú? Compártenos tu historia. #JusticiaParaMigrantes #InmigracionEEUU
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